En los últimos años, cada vez más españoles han decidido poner en manos de abogados las reclamaciones de gastos hipotecarios, buscando recuperar cantidades que consideran indebidamente cobradas por las entidades bancarias. Este fenómeno ha cobrado especial relevancia a raíz de diversas sentencias judiciales que han sentado precedentes en favor de los consumidores, estableciendo que ciertos gastos asociados a la formalización de las hipotecas no deberían haber recaído exclusivamente sobre los prestatarios. Esta creciente judicialización de las reclamaciones se debe, en gran parte, a la complejidad del proceso y a la necesidad de contar con el asesoramiento especializado para garantizar el éxito en las demandas.
El origen de estas reclamaciones se encuentra en las cláusulas abusivas que muchos bancos impusieron durante años en los contratos hipotecarios, trasladando al cliente la totalidad de los gastos de constitución del préstamo. Entre estos gastos se incluyen los de notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación, además del impuesto de actos jurídicos documentados en ciertos casos. Aunque inicialmente muchos consumidores desconocían la posibilidad de reclamar estos importes, la creciente cobertura mediática y la jurisprudencia favorable han hecho que más personas tomen conciencia de sus derechos. Esta situación ha llevado a un aumento notable en las consultas a despachos de abogados especializados en derecho bancario y de consumo.
La intervención de un abogado resulta clave en este proceso debido a la naturaleza técnica y jurídica de las reclamaciones. Desde la recopilación de documentación hasta la presentación de la demanda, el asesor legal se encarga de guiar al cliente en cada etapa, asegurando que se cumplan todos los requisitos necesarios para fundamentar la reclamación. Además, los abogados conocen en profundidad la evolución de la jurisprudencia en esta materia, lo que les permite adaptar la estrategia a los criterios establecidos por los tribunales y maximizar las posibilidades de éxito.
Uno de los factores que ha impulsado esta tendencia es la percepción de que acudir a un abogado especializado incrementa significativamente las probabilidades de obtener una resolución favorable. A pesar de que, tal y como nos indican los letrados de Abogados Santander, algunos bancos ofrecen acuerdos extrajudiciales, en muchos casos las cantidades propuestas son inferiores a lo que realmente correspondería al cliente. Por ello, muchos consumidores prefieren acudir a la vía judicial, confiando en que un abogado con experiencia puede lograr una compensación más justa y adecuada a sus intereses.
El papel del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido determinante en este proceso, ya que sus resoluciones han ido aclarando la responsabilidad de los bancos en el reparto de los gastos hipotecarios. Estas sentencias han establecido que ciertas cláusulas son abusivas por imponer al consumidor la totalidad de los costes, cuando deberían haber sido asumidos, al menos en parte, por las entidades financieras. La labor de los abogados consiste en aplicar estos criterios jurisprudenciales a cada caso concreto, presentando argumentos sólidos que respalden la devolución de los importes pagados indebidamente.
Además, la creciente confianza en los despachos especializados también se debe a la oferta de servicios accesibles y personalizados. Muchos abogados trabajan bajo la modalidad de honorarios basados en el éxito, lo que significa que solo cobran si la reclamación prospera. Esta fórmula ha permitido que más personas se animen a iniciar el proceso sin miedo a incurrir en gastos legales excesivos en caso de no obtener una resolución favorable.
¿Cuánto dinero pueden recuperar los afectados por los gastos hipotecarios?
La cantidad de dinero que pueden recuperar los afectados por los gastos hipotecarios varía en función del importe del préstamo y de los gastos asociados a la formalización de la hipoteca. En la mayoría de los casos, las devoluciones oscilan entre 1.000 y 3.000 euros, aunque en hipotecas de mayor cuantía o con gastos más elevados, la cifra puede ser superior.
Para tener una estimación más precisa, conviene revisar los siguientes conceptos:
- Gastos de notaría: aproximadamente entre el 0,1% y el 0,5% del valor del préstamo hipotecario. En una hipoteca de 150.000 euros, este gasto podría rondar entre 300 y 750 euros, de los cuales el banco debería asumir el 50%.
- Gastos de registro de la propiedad: alrededor del 0,1% y el 0,3% del importe de la hipoteca, lo que para una hipoteca media supone entre 150 y 450 euros. Este gasto lo debe asumir íntegramente la entidad bancaria.
- Gastos de gestoría: varían, pero suelen situarse entre 200 y 400 euros, siendo también responsabilidad total del banco.
- Gastos de tasación: aunque no siempre se reconoce como reclamable, su coste suele oscilar entre 250 y 600 euros, dependiendo de la empresa tasadora y el valor del inmueble.
Sumando estos conceptos, en una hipoteca estándar de 150.000 euros, la devolución podría situarse fácilmente entre 1.000 y 2.500 euros, aunque en préstamos de mayor importe, esta cifra aumenta considerablemente. Además, en algunos casos, también se puede reclamar el interés legal sobre las cantidades pagadas indebidamente, lo que incrementa la compensación final.
