El fraude fiscal no es un problema menor, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la economía sumergida en España oculta alrededor de 240.000 millones de euros anuales, una cifra que equivale a casi el 20% del PIB. Eliminar estas diferencias es una prioridad para la Agencia Tributaria, pero recién en los últimos años, y gracias a la tecnología, se ha podido dar una verdadera evolución.
Con este salto de calidad, resulta necesario comprender qué sistemas se están desplegando y cómo afectan a la operativa diaria de empresas y autónomos, no solo para cumplir con la normativa, sino para anticiparse a ella.
De las inspecciones reactivas al control en tiempo real
Durante décadas, el modelo de control tributario funcionaba de forma reactiva: Hacienda revisaba declaraciones ya presentadas, cruzaba datos con posterioridad y abría expedientes cuando detectaba discrepancias. El problema con ese modelo aparece en su estructura, que permitía que el fraude se consolidara antes de ser detectado.
Actualmente, se está desarrollando un cambio de paradigma que consiste en pasar a un control preventivo y continuo. Como recoge el Plan Estratégico 2024-2027 de la AEAT, la Agencia está acelerando su digitalización e implantando herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos para detectar patrones de comportamiento sospechosos y seleccionar de forma más precisa los contribuyentes a inspeccionar. Con esta modificación, se busca que el modelo de control deje de ser parcial y se base en el cruce de información de fuentes bancarias, registrales, notariales e internacionales.
Este nuevo enfoque permite que se den resultados prácticos de manera mucho más inmediata. La Administración puede monitorizar señales externas de riqueza, como propiedades, vehículos o patrones de gasto, y los contrasta con las rentas declaradas de forma sistematizada y automática.
La Ley Antifraude y el fin del software de doble uso
En 2021 se aprobó la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo impacto más directo sobre la operativa empresarial tiene que ver con los programas informáticos de contabilidad y facturación. La norma prohíbe expresamente el llamado software de doble uso, es decir, la utilización de programas que lleven una contabilidad paralela, alterar o eliminar facturas sin dejar rastro y ocultar ingresos reales.
Hasta ese momento, una parte del tejido empresarial (especialmente en sectores con mucho efectivo) operaba con herramientas que permitían ajustar las cifras con relativa facilidad, pero eso ya no es legal. Como explica Wolters Kluwer, desde julio de 2025 todos los fabricantes de software de facturación solo pueden comercializar programas que cumplan con los requisitos establecidos sobre integridad e inalterabilidad de los registros, trazabilidad completa de las operaciones y certificación oficial por parte de la Agencia Tributaria. El uso de este software no solo queda obsoleto en estas condiciones, sino que ignorar la ley puede constituir una infracción grave, con multas que van de 50.000 a 150.000 euros.
Verifactu: el sistema de facturas verificables
Dentro del marco de la Ley Antifraude, el instrumento más relevante para la mayoría de las pymes y autónomos es el sistema Verifactu. Como explican la assessoria fiscal a Girona Capellas i Associats, Verifactu no es un nuevo programa de facturación, sino un mecanismo de conexión entre el software de gestión de cada empresa y la Agencia Tributaria. Cada vez que se emite una factura, el sistema genera automáticamente un registro con sus datos esenciales —importe, fecha, emisor, receptor— y puede enviarlo a Hacienda de forma inmediata. Ese registro incluye una huella digital que garantiza su inalterabilidad: una vez generado, no se puede modificar sin dejar constancia.
La adhesión a Verifactu es voluntaria en cuanto al envío automático a la AEAT, pero contar con un software compatible con el sistema no lo es. Según los plazos establecidos por el Real Decreto 254/2025 y la posterior ampliación publicada a finales de 2025, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, y el resto de contribuyentes —autónomos y personas físicas con actividad económica— antes del 1 de julio de 2027. Las empresas que ya están acogidas al SII (Sistema Inmediato de Información) y los territorios forales quedan fuera de esta obligación, al contar con sistemas propios equivalentes.
Inteligencia artificial y big data en la detección del fraude
La Agencia Tributaria está desplegando herramientas de análisis que van bastante más allá de la revisión manual de declaraciones. El plan estratégico prevé el uso de técnicas de big data para identificar patrones de comportamiento en grandes volúmenes de datos, y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar nuevas formas de fraude.
Esto incluye también el ámbito digital. El comercio electrónico, la economía colaborativa y las criptomonedas son áreas de control prioritarias, junto con el seguimiento de rentas de no residentes y la supervisión de estructuras societarias complejas. El intercambio de información con otras administraciones, tanto nacionales como internacionales, refuerza aún más la capacidad de cruce de datos.
Lo que implica para autónomos y pymes en la práctica
El conjunto de estas medidas cambia por completo el entorno en el que operan los autónomos y las pequeñas empresas. El margen de opacidad que existía en determinadas prácticas, como omitir ingresos en efectivo o no declarar facturas, se estrecha de manera significativa. No porque las inspecciones sean más numerosas, sino porque la información disponible para la Administración es más completa y difícil de rebatir.
El siguiente paso es poder verificar que los softwares de facturación utilizados ya se adapten a los requisitos de la Ley Antifraude. Si bien desde julio de 2025 no se puede comercializar software que no cumpla esas condiciones, puede existir un porcentaje de los programas que aún no se hayan actualizado. Además, se debe estudiar si la adhesión voluntaria a Verifactu es conveniente, prestando atención en cada caso concreto y observando si realmente simplifica el cumplimiento y reduce la exposición ante una posible inspección.
En un entorno de mayor control automatizado, adaptarse no pasa únicamente por una obligación legal. Tener la contabilidad y la facturación en orden desde el principio es la mejor forma de evitar contingencias que, cuando llegan, siempre lo hacen en el peor momento.
